La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público allanaron una residencia en Santiago en busca de Amílcar Rafael Soto Candelario y a Carlos Edelmiro Rossó Peña, presuntamente vinculados al narcotráfico, y que resultó ser la oficina política de Abel Martínez pese a que no tienen vínculos.
«Estamos ante un error sin límites», dijo Martínez en rueda de prensa, en la que señaló que, incluso, las autoridades confundieron «pajas de gallinas» en el patio de la casa con una «paca de drogas».
Previamente, el fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, aclaró a la prensa que el operativo «no es en contra de Abel Martínez, es en contra de dos ciudadanos», que no están vinculadas a éste.
La vivienda no es propiedad de Martínez si no que este la tiene en calidad de alquiler para asuntos políticos desde hace 15 años, de acuerdo con el vocero del Ayuntamiento de Santiago, Fernando Ramírez.
«La verdad que para nosotros esto constituye una sorpresa bastante desagradable, y queremos entender que se trata de una confusión la falta de preparación para la investigación, tanto de la Dirección Nacional de Control de Drogas como del Ministerio Público», dijo Ramírez a la prensa.
El funcionario emplazó a la DNCD y al Ministerio Público a que en el menor tiempo posible «den una explicación convincente de esto» y dijo que quiere «pensar que no es un abuso» de poder.
Desde el entorno del expresidente de la Cámara de Diputados pidieron, además, una disculpa pública por parte de las autoridades por lo que calificaron de «atropello» en contra del funcionario.
