SANTO DOMINGO.- El clamor de Alberto Caamaño Acevedo de que se enjuicie a los responsables, vivos y muertos, del asesinato de su padre, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, ha sido acogido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Primero Justicia y el jurista Ramón Antonio Veras (Negro), quienes ven factible abrir un proceso.
Negro Veras y Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, afirmaron que con el asesinato del coronel Caamaño Deñó se violó la Convención de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra. Veras dijo que si se forma un equipo de abogados fuera de toda politiquería para enjuiciar a los señalados como responsables de la muerte de Caamaño, se integra sin condiciones.
“La ejecución de Francisco Alberto Caamaño Deñó se sale de los marcos del arte y la disciplina de la guerra. Las acciones militares entre hombres dignos tienen sus reglas, su ética y su moral, se respeta la vida del adversario una vez éste está en manos del enemigo en forma indefensa. El asesinato de Caamaño, tiene esa calificación, y no puede caer en la especulación, de que formó parte de una acción militar. La repugnancia que debe producir ese hecho, en la conciencia de nuestro pueblo, debe ser un baldón, que acompañe para siempre a aquellos que ordenaron y ejecutaron el asesinato de Caamaño”, subrayó Veras.
Crimen de lesa humanidad
María Mercedes calificó la muerte de Caamaño Deñó como un crimen de lesa humanidad, y que por lo tanto “ese asesinato no prescribe y en cualquier momento se puede poner en movimiento la acción de la Justicia en contra de los asesinos”.
Dijo que la CNDH está a la disposición de los familiares de Caamaño Deñó para iniciar el proceso, aunque sugirió la creación de un equipo o comisión que establezca los pormenores del asesinato.
Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, también puso el equipo de juristas de esa institución a la disposición de los familiares del “presidente de la República en armas”, a fin de que el Ministerio Público ponga en movimiento la acción judicial.
Mientras que Miguel Surun, presidente de la Fundación Primero Justicia, observó que “se trata de violación a los derechos humanos y un asesinato de esa naturaleza es imprescriptibles, tal y como lo contempla la Constitución dominicana y el mismo Código Procesal Penal, por lo que los familiares de Francisco Alberto Caamaño Deñó pueden querellarse y mover la acción pública”.
Negro Veras y Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, afirmaron que con el asesinato del coronel Caamaño Deñó se violó la Convención de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra. Veras dijo que si se forma un equipo de abogados fuera de toda politiquería para enjuiciar a los señalados como responsables de la muerte de Caamaño, se integra sin condiciones.
“La ejecución de Francisco Alberto Caamaño Deñó se sale de los marcos del arte y la disciplina de la guerra. Las acciones militares entre hombres dignos tienen sus reglas, su ética y su moral, se respeta la vida del adversario una vez éste está en manos del enemigo en forma indefensa. El asesinato de Caamaño, tiene esa calificación, y no puede caer en la especulación, de que formó parte de una acción militar. La repugnancia que debe producir ese hecho, en la conciencia de nuestro pueblo, debe ser un baldón, que acompañe para siempre a aquellos que ordenaron y ejecutaron el asesinato de Caamaño”, subrayó Veras.
Crimen de lesa humanidad
María Mercedes calificó la muerte de Caamaño Deñó como un crimen de lesa humanidad, y que por lo tanto “ese asesinato no prescribe y en cualquier momento se puede poner en movimiento la acción de la Justicia en contra de los asesinos”.
Dijo que la CNDH está a la disposición de los familiares de Caamaño Deñó para iniciar el proceso, aunque sugirió la creación de un equipo o comisión que establezca los pormenores del asesinato.
Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, también puso el equipo de juristas de esa institución a la disposición de los familiares del “presidente de la República en armas”, a fin de que el Ministerio Público ponga en movimiento la acción judicial.
Mientras que Miguel Surun, presidente de la Fundación Primero Justicia, observó que “se trata de violación a los derechos humanos y un asesinato de esa naturaleza es imprescriptibles, tal y como lo contempla la Constitución dominicana y el mismo Código Procesal Penal, por lo que los familiares de Francisco Alberto Caamaño Deñó pueden querellarse y mover la acción pública”.
