POR LEONARDO PLATA
Artículo enviado a Ecos del Sur.
En los últimos años, la República Dominicana, está viviendo niveles de delincuencias alarmantes que están acorralando a la sociedad dominicana, los robos atracos, asesinatos, secuestros, trasiego de drogas y otros tipos de hechos delictivos, han perturbado la paz y la tranquilidad de los dominicanos.
Por más criminalidad y actos delincuenciales que se cometan, jamás debemos responder con las mismas acciones que los delincuentes reprimirlos con las mismas herramientas terminaríamos pareciendo a ellos y nos convertiríamos en violadores de la ley. El aumento de la criminalidad es producto de varios factores sociales y económicos, la corrupción, la impunidad, marginalidad, falta de oportunidad, falta de educación, exclusión social, falta de valores en los hogares, así como otros factores.
Sería una inútil y hasta populista, pensar que la delincuencia se combate implementando la pena de muerte como proponen algunos congresistas que ha encontrado ecos de varios sectores de la vida nacional. El estado es responsable de implementar las políticas sociales y económicas adecuadas para evitar estos grandes males. El gobierno en el deber de proveer de facilidades, así como de herramientas necesarias, para formal hombre y mujeres de bien, útiles a la sociedad, que fortalezcan la institucionalidad y el Estado Social Democrático de Derecho consagrado en nuestra constitución.
Imponer la mano dura sería el retorno al sistema de venganza, de abuso de autoridad policial y judicial. Tomarse la justicia en las propias manos, burlar los procedimientos legales establecidos para la protección de los presuntos inocentes y las víctimas y ejecutar a cuanta persona se considere un “antisocial”. Darle riendas sueltas a una policía desacreditada por los constantes abusos cometidos, sería un retroceso en materia de derechos humanos. El poder es por naturaleza atropellante y abusador, por eso es el Estado Dominicano, quien tiene la responsabilidad de salvaguardar las garantías de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
El Código procesal Penal no es el responsable de los males sociales que estamos atravesando, es el Estado Dominicano, que no ha sido capaz de garantizar el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, a la salud a la educación, al desarrollo progresivo de la persona humana, y es por eso que la delincuencia y la criminalidad es un producto de las desigualdad y las injusticia social provocadas por los diferentes gobiernos.
Es por eso, que el artículo 8 de nuestra Constitución expresa: Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Es quien ha fallado es el mismo Estado Dominicano.
