POR MANUEL E. ESPINOSASAN JUAN DE LA MAGUANA.- Un estado de tensión prevalece en las provincias de Azua y San Juan ante las reiteradas amenazas de residentes en distintos distritos municipales, secciones y parajes, de echar por la fuerza a todos los haitianos que residen en ellos de manera ilegal, bajo el pretexto de que los extranjeros “estarían involucrados en acciones delincuenciales”.
Las amenazas han aumentado después que el gobierno haitiano prohibiera la importación de huevos, pollos y embutidos dominicanos, alegando la existencia de la gripe aviar y luego de que un haitiano decapitara a un hacendado en Padre Las Casas.
El extranjero aprovechó que su “patrón” dormía en una hamaca, le cortó la cabeza con un machete, le sustrajo una pistola, prendas y dinero en efectivo, cuyo monto se desconoce, cargó con su concubina que residía junto al victimario y desaparecieron sin que hasta la fecha las autoridades policiales hayan dado con su paradero, dos semanas después.
Las amenazas de expulsión de todos los haitianos y haitianas se han manifestado en El Palmar de Ocoa y Pedro Corto, distritos municipales pertenecientes a los municipios de Azua de Compostela y San Juan de la Maguana, así como la sección Punta Caña, perteneciente a este último.
El general de brigada Aquino Radhames Reynoso Robles, director de la Regional Oeste de la Policía Nacional con asiento aquí, confirmó las amenazas de expulsión de haitianos por parte de grupos de las provincias de Azua y San Juan, al tiempo de informar que ha advertido a esas personas para que desistan de esa acción en forma unilateral.
“Le he advertido a esas personas que amenazan con echar de esas comunidades a los haitianos que residen allí, que no pueden tomar la ley por sus manos, que si algún extranjero comete un delito, que lo denuncien a la Policía, y si quieren desalojarlos tienen que solicitárselo a la Dirección General de Migración (DGM), único organismo autorizado para esos fines”, explicó.
Entre las acusaciones que los lugareños les formulan a haitianos residentes ilegales, figura la supuesta violación de una menor de edad, como sucedió en el Palmar de Ocoa, robo de ganado y rubros agrícolas, entre otras acciones delictivas, pero de las que las autoridades policiales y del Ministerio Público desconocen por qué no han recibido denuncias formales de afectados.
El año pasado, en el distrito municipal de Pedro Corto y la sección Punta Caña, perteneciente al primero, se produjo la expulsión de decenas de haitianos y haitianas que residían en forma ilegal por parte de grupos sociales, obligando a inspectores de la Dirección General de Migración legitimar esas acciones, para cuyos fines buscaron la colaboración del Ejercito Nacional.
“He instruido a los miembros de la Policía bajo mi mando en las tres provincias, Azua, San Juan y Elías Piña, que me informen cualquier intento de grupos de expulsar a extranjeros residentes ilegales, para evitar cualquier atropello porque el Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, es un jefe de Estado respetuoso de los derechos humanos”, apuntó el general Reynoso Robles.
Las amenazas han aumentado después que el gobierno haitiano prohibiera la importación de huevos, pollos y embutidos dominicanos, alegando la existencia de la gripe aviar y luego de que un haitiano decapitara a un hacendado en Padre Las Casas.
El extranjero aprovechó que su “patrón” dormía en una hamaca, le cortó la cabeza con un machete, le sustrajo una pistola, prendas y dinero en efectivo, cuyo monto se desconoce, cargó con su concubina que residía junto al victimario y desaparecieron sin que hasta la fecha las autoridades policiales hayan dado con su paradero, dos semanas después.
Las amenazas de expulsión de todos los haitianos y haitianas se han manifestado en El Palmar de Ocoa y Pedro Corto, distritos municipales pertenecientes a los municipios de Azua de Compostela y San Juan de la Maguana, así como la sección Punta Caña, perteneciente a este último.
El general de brigada Aquino Radhames Reynoso Robles, director de la Regional Oeste de la Policía Nacional con asiento aquí, confirmó las amenazas de expulsión de haitianos por parte de grupos de las provincias de Azua y San Juan, al tiempo de informar que ha advertido a esas personas para que desistan de esa acción en forma unilateral.
“Le he advertido a esas personas que amenazan con echar de esas comunidades a los haitianos que residen allí, que no pueden tomar la ley por sus manos, que si algún extranjero comete un delito, que lo denuncien a la Policía, y si quieren desalojarlos tienen que solicitárselo a la Dirección General de Migración (DGM), único organismo autorizado para esos fines”, explicó.
Entre las acusaciones que los lugareños les formulan a haitianos residentes ilegales, figura la supuesta violación de una menor de edad, como sucedió en el Palmar de Ocoa, robo de ganado y rubros agrícolas, entre otras acciones delictivas, pero de las que las autoridades policiales y del Ministerio Público desconocen por qué no han recibido denuncias formales de afectados.
El año pasado, en el distrito municipal de Pedro Corto y la sección Punta Caña, perteneciente al primero, se produjo la expulsión de decenas de haitianos y haitianas que residían en forma ilegal por parte de grupos sociales, obligando a inspectores de la Dirección General de Migración legitimar esas acciones, para cuyos fines buscaron la colaboración del Ejercito Nacional.
“He instruido a los miembros de la Policía bajo mi mando en las tres provincias, Azua, San Juan y Elías Piña, que me informen cualquier intento de grupos de expulsar a extranjeros residentes ilegales, para evitar cualquier atropello porque el Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, es un jefe de Estado respetuoso de los derechos humanos”, apuntó el general Reynoso Robles.
