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POR EDWIN PARAISON
Para ECOS DEL SUR
Con las serias reservas existentes en relación a una contradictoria gestión en República Dominicana, hay que reconocer que a partir de la salida del poder del entonces presidente Joaquín Balaguer en 1996, se han dado tangibles esfuerzos de algunos funcionarios, pasados y presentes, para un acercamiento a la sociedad civil con el propósito de dotar al país de una política en materia migratoria.
De hecho, varias ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) y otros actores sociales han tomado parte activa en la elaboración de la Ley de Migración 285/04 a través de consultas y audiencias públicas en el Senado. Igualmente, a solicitud oficial, con propuestas y recomendaciones formales para la redacción del reglamento de esa ley, la elaboración del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y su correspondiente decreto de puesta en ejecución.
Por una parte es lógico. La sociedad civil más que el Estado ha acumulado durante los últimos 30 años una mayor capacidad de abordaje y tratamiento teórico del tema. Además, tiene una interacción más dinámica con los inmigrantes en base a las investigaciones, la convivencia y el acompañamiento solidario.
Por otra parte, dichos esfuerzos, muy apreciables en el marco de la construcción de una visión moderna de gestión de la cosa pública, han chocado con los intereses políticos y generado una situación de permisividad, desde entidades oficiales, de posiciones abiertamente hostiles a la inmigración haitiana.
Lo que pudiera ser altamente positivo para el gobierno, sus relaciones con la sociedad civil, incluida la diáspora haitiana, se diluye por la incidencia de las alianzas político-electorales debido a la agenda propia de los aliados, lo cual es contrario a los anhelos de la actual administración de manejar la cuestión migratoria “no como un problema, sino un fenómeno internacional” que toca a haitianos y dominicanos por igual.
Hay que apreciar que en medio de la situación creada por la sentencia 168/13 por lo menos la Presidencia trata de enviar un mensaje de más sosiego y de enfriamiento del calor nacionalista que ha contagiado hasta a algunos jerarcas eclesiásticos con relación a la presencia haitiana.
Dentro de esa óptica, según lo expuesto recientemente en una rueda de prensa por el vocero del gobierno, la gestión migratoria debe hacerse respetando la ley, pero con el “corazón grande” del pueblo dominicano. De esto ningún otro pueblo en el mundo puede hablar mejor que el haitiano.
No obstante, debe quedar claro que más allá de la cuestión migratoria se trata, por un lado, de contradicciones internas en el gobierno. Por el otro lado, es evidente que hay una lucha discursiva y si se quiere política entre quienes en ambos lados de la isla propugnamos por una gestión transparente de las relaciones binacionales y los radicales dominicanos y haitianos que viven de la promoción del odio.
Se podría decir que el gobierno trata de hacer cierto equilibrio entre la sociedad civil y los ultranacionalistas. Los aportes de la primera son evidentes. Al igual que el fracaso de la gestión de los últimos.
Sobre un tema tan sensible, con un vecino tan importante como lo es Haití para Republica Dominicana, no hay otra alternativa que no sea una gestión moderna de la migración.
