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domingo, 23 de febrero de 2014

OPINION: Incitadores de la violencia

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POR MANUEL VOLQUEZ
Para ECOS DEL SUR.

La lucha contra los males sociales que nos afectan no puede ser un capítulo exclusivo del Estado dominicano. Es un compromiso de todos, no importa quién esté al mando ni mucho menos el color del partido que le corresponda administrarlo.

Somos dados a pedir soluciones a los conflictos sociales, incluso a lanzar torpedos verbales envenenados a la clase gobernante usando los medios de comunicación, pero nunca nos involucramos de lleno en los operativos que diseñan los gobiernos para combatir los males que nos aquejan. La principal trinchera para esa tarea son los programas interactivos de la radio y la televisión. Se trata de un nuevo estilo de hacer oposición. Le llamamos terrorismo mediático.
 
La palabra Estado es un concepto político muy profundo por cuanto trata de una forma de organización social soberana y coercitiva. Es el conjunto de las instituciones que poseen la autoridad y la potestad para regular el funcionamiento de la sociedad dentro de un territorio determinado.

Ciertamente, el Estado es responsable de proteger a los ciudadanos. Así lo consagra la Constitución de la República. También, tiene la obligación de dar las facilidades para sobrevivir con dignidad en todas las manifestaciones de la vida (alimento, educación, transporte, salud, seguridad pública y jurídica, etc.), pero cuando se trata de corregir situaciones que se dan a lo interno de la familia, necesariamente, no hay que satanizar al Estado, sino a los verdaderos responsables de esa misión: los padres. Naturalmente, con esto no estamos exonerando al Estado en esta tragedia social.

Una cosa es que se tenga derecho a la crítica y otra es utilizar esa arma para venderse políticamente. Si hay violencia, asesinatos, asaltos y violaciones por doquier a las leyes de tránsito y otros reglamentos jurídicos, es porque estamos en presencia de una descomposición acelerada de la sociedad, afectada por una gama de factores (económico, político, judicial, incremento del narcotráfico) que no hemos podido solucionar a pesar que avanzamos en otros renglones, tales como las comunicaciones y las infraestructuras. Todos tenemos culpa de lo que está pasando.

Llama mucho la atención la forma cómo se han perdido los valores y principios a lo interno de la familia. Los hijos no respetan a los padres ni a nadie y los padres no cumplen con sus responsabilidades. La muestra la tenemos en la cantidad de adolescentes  de ambos sexos que deambulan sin supervisión familiar por las calles haciendo travesuras y entregados a la degustación de las drogas y el alcohol.

Los hijos están atrapados entre el alto consumismo y la irresponsabilidad de la clase política encargada de guiar a la nación por mejores senderos, entre la depredación y ineficacia de los mecanismos jurídicos encargados de penalizar los actos de corrupción, entre la escala creciente del narcotráfico y el afán de la juventud por comprar ropa de marca, y otras cosas, sin tener a manos los recursos. Esa es la razón por la cual tantos jóvenes están metidos en el negocio de las drogas, convertidos en matones a sueldo, en consumidores de estupefacientes, en mulas y en desertores de las escuelas públicas y las universidades.

Frente a este tenebroso escenario, asumimos la postura de los fanáticos, que acuden a un parque a criticar las acciones de los jugadores y de los árbitros, pero se reniegan a bajar al terreno de juego a desempeñar la labor de los jugadores y arreglar las cosas que ellos entienden no se están haciendo bien. Siempre ha sido una posición muy cómoda criticar desde las gradas. Ya es tiempo de que nos lancemos al terreno de juego y asumamos responsabilidades comunes con los actores encargados de velar por el saneamiento integral del país.

Un factor que incide en este asunto es la peligrosa transformación que han sufrido los poderes del Estado tras la inserción de nuevos actores en ese escenario. Ya la política no se ve como una ciencia, sino como un medio y un fin para alcanzar objetivos bien definidos, especialmente enriquecerse en forma ilícita. Así, cada cuatro años de elecciones de medio término, una minoría aspira a un puesto legislativo o a un cargo público para acumular fortuna en un período relativamente corto, dejando a un lado los principios y el compromiso contraídos con los electores de sus respectivas comunidades.

Otros ciudadanos estudian leyes para timar a los clientes en componendas con ciertos personajes encargados de administrar justicia. Pocos estudian una profesión por vocación; ahora lo que se busca es una profesión que permita con poco sacrificio insertarse en un mercado que garantice dinero rápido o un ascenso en el escenario político para acumular poder y depredar al país.

A este comentario agregamos a los teóricos mediáticos, esos que viven echando por el suelo la honorabilidad de ciudadanos ejemplares (claro, hay muchos ciudadanos charlatanes e irresponsables) en vez de unirse al pueblo en su lucha contra los inadaptados sociales, los asesinos a sueldo, los mercenarios, los atracadores, los comerciantes ladrones que a diario explotan a las amas de casas vendiendo a sobreprecio los artículos de primera necesidad, y, en fin, a aquellos que destruyen con droga las ilusiones y las purezas de nuestra indefensa juventud.