POR FREDY E. PEREZ ESPINOSA
Para ECOS DEL SUR
Hay que leer la Carta Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano del 27 de febrero de este año para estar plenamente convencido de lo que vivimos en la actualidad, en el aspecto político e institucional de la RD. Los obispos titularon este mensaje pastoral “El valor de la vida política” y describen en el mismo que el propósito esencial de la actividad política es el bien común y no el bien individual.
El documento de referencia nos explica que muchos malos políticos se han encargado de despojar la política de su esencia, de su razón de ser, haciendo que se le vea en muchos rincones del mundo como sinónimo de “mentira, engaño, negocio, corrupción, inmoralidad, demagogia y suciedad; ya que muchos se cubren con el manto de la política para sus intereses egoístas y bastardos, apostasías y vilezas”, según Emilia Pardo Bazán, en su obra Los Pazos de Ulloa.
Está clarísimo, y lo explica muy acertadamente la Carta Pastoral de los obispos, que la actividad política lo permea todo, ya que corresponde al ámbito de lo público y por esta razón debe ejercerse a la clara luz del sol y en beneficio de todos y todas. Lamentablemente, no ocurre así en la RD y esta ciencia tan noble, que es el arte del bien común, en la mayoría de los casos se ejerce de espaldas al pueblo, en cuartos herméticamente cerrados, donde unos pocos deciden, sin tomar en cuenta a las grandes mayorías.
De acuerdo a la Constitución Dominicana, en su artículo 126, la conformación y funcionamiento de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia, y sus fines son:
1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia;
2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.
Puedo afirmar, sin temor a equívocos y a la luz la práctica cotidiana, que los partidos políticos nuestros podrían ser comparados, en la mayoría de los casos, como negocios de único dueño, compañías por acciones, sociedades anónimas, corporaciones y demás tipos de compañías privadas. Esto así, porque la democracia interna es inexistente y el bien común no está presente, ni por asomo, en las decisiones que se adoptan.
El Presidente de la Junta Central Electoral ha hecho, acertadamente, las observaciones de lugar para que sea aprobada cuanto antes la Ley de Partidos Políticos y la modificación de la Ley Electoral 275-97; instrumentes legales necesarios para continuar el crecimiento institucional, a nivel político, de la sociedad dominicana.
Para ECOS DEL SUR
Hay que leer la Carta Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano del 27 de febrero de este año para estar plenamente convencido de lo que vivimos en la actualidad, en el aspecto político e institucional de la RD. Los obispos titularon este mensaje pastoral “El valor de la vida política” y describen en el mismo que el propósito esencial de la actividad política es el bien común y no el bien individual.
El documento de referencia nos explica que muchos malos políticos se han encargado de despojar la política de su esencia, de su razón de ser, haciendo que se le vea en muchos rincones del mundo como sinónimo de “mentira, engaño, negocio, corrupción, inmoralidad, demagogia y suciedad; ya que muchos se cubren con el manto de la política para sus intereses egoístas y bastardos, apostasías y vilezas”, según Emilia Pardo Bazán, en su obra Los Pazos de Ulloa.
Está clarísimo, y lo explica muy acertadamente la Carta Pastoral de los obispos, que la actividad política lo permea todo, ya que corresponde al ámbito de lo público y por esta razón debe ejercerse a la clara luz del sol y en beneficio de todos y todas. Lamentablemente, no ocurre así en la RD y esta ciencia tan noble, que es el arte del bien común, en la mayoría de los casos se ejerce de espaldas al pueblo, en cuartos herméticamente cerrados, donde unos pocos deciden, sin tomar en cuenta a las grandes mayorías.
De acuerdo a la Constitución Dominicana, en su artículo 126, la conformación y funcionamiento de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia, y sus fines son:
1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia;
2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.
Puedo afirmar, sin temor a equívocos y a la luz la práctica cotidiana, que los partidos políticos nuestros podrían ser comparados, en la mayoría de los casos, como negocios de único dueño, compañías por acciones, sociedades anónimas, corporaciones y demás tipos de compañías privadas. Esto así, porque la democracia interna es inexistente y el bien común no está presente, ni por asomo, en las decisiones que se adoptan.
El Presidente de la Junta Central Electoral ha hecho, acertadamente, las observaciones de lugar para que sea aprobada cuanto antes la Ley de Partidos Políticos y la modificación de la Ley Electoral 275-97; instrumentes legales necesarios para continuar el crecimiento institucional, a nivel político, de la sociedad dominicana.
En la sociedad del conocimiento, la información y la globalización, no se admite que la RD no tenga una Ley de Partidos Políticos y que en muchos de los partidos y agrupaciones políticas reine el caos y desorden, sin que las autoridades competentes tengan a la mano un instrumente legal que regule su accionar.
Muchos de los que dirigen a los partidos y agrupaciones políticas, por más de una década, han bloqueado la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y quisieran seguir eternamente “como chivos sin ley”, ya que conviene a sus intereses individuales y grupales, no así al interés de la colectividad.
Cito a continuación el párrafo IV, del artículo 212 de la Constitución, para que se pueda entender el por qué de la importancia de una ley de partidos y agrupaciones políticas: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen en sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y los límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.
Considero que ya está bueno del manejo de los titiriteros para con el pueblo dominicano y que debemos pasar a nueva etapa del desarrollo democrático de la RD, donde reine el pluralismo, la libertad y la decencia, reduciendo a su mínima expresión el clientelismo, el transfuguismo y el faraonismo.
El autor es Licenciado en Educación de la UASD
Para contactos:elegidoprimero@hotmail.com
