SAN CRISTOBAL.- El senador Tommy Galán y el ex alcalde José Montás mostraron hoy su interés ante el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, de llegar a un acuerdo a raíz de la demanda que interpusiera el segundo en contra del primero.
Sin embargo, el acuerdo no se llegó a concretar debido a que la defensa del legislador y del ex alcalde no tenían a mano el contenido de dicho acuerdo, para hacerlo valer por ante el juez conciliador en el caso, magistrado Alejandro Moscoso Segarra.
Ante esa situación, el magistrado del alto tribunal judicial del país invitó a las partes envueltas en el proceso a pasar por secretaría a buscar un formulario para que depositen por esa vía dicho acuerdo.
La demanda fue presentada por el ex acalde, a través de su abogado Jaime Caonabo Terrero, quien reclamaba el pago de una indemnización de 184 millones de pesos y el pago de una multa de 100 mil pesos por el delito de difamación.
Montás presentó la querella-acusación en actor civil en contra del legislador de San Cristóbal, en virtud del privilegio de jurisdicción radicada por la vía directa, por alegada violación al artículo 29 de la Ley No.6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y el artículo 44 de la Constitución de la República.
Sin embargo, el acuerdo no se llegó a concretar debido a que la defensa del legislador y del ex alcalde no tenían a mano el contenido de dicho acuerdo, para hacerlo valer por ante el juez conciliador en el caso, magistrado Alejandro Moscoso Segarra.
Ante esa situación, el magistrado del alto tribunal judicial del país invitó a las partes envueltas en el proceso a pasar por secretaría a buscar un formulario para que depositen por esa vía dicho acuerdo.
La demanda fue presentada por el ex acalde, a través de su abogado Jaime Caonabo Terrero, quien reclamaba el pago de una indemnización de 184 millones de pesos y el pago de una multa de 100 mil pesos por el delito de difamación.
Montás presentó la querella-acusación en actor civil en contra del legislador de San Cristóbal, en virtud del privilegio de jurisdicción radicada por la vía directa, por alegada violación al artículo 29 de la Ley No.6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y el artículo 44 de la Constitución de la República.
