En su primer año, la administración del presidente Danilo Medina estuvo a un tris de llegar a un acuerdo con quienes ostentaban los títulos de las tierras de Bahía de las Águilas, que ayer la jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional anuló porque fueron obtenidos de manera fraudulenta.
Lo que movía al mandatario y a sus colaboradores era un visible empeño de encontrar un camino para lanzar lo que ellos definían como el despegue de la “región Sur” a través del turismo, sobre la base de que tenían ofertas de empresarios dispuestos a invertir.
El proyecto implicaba un reconocimiento del gobierno a los supuestos derechos que invocaban quienes tienen en sus manos esos papeles. Pactar era legitimar un fraude. Pero la opinión pública de manera activa rechazó esa vía. El gobierno, perceptivo, entendió y escogió la vía más difícil, pero legal y digna, la reclamación por la vía judicial de los derechos legítimos que le asisten, como único dueño de esas tierras.
Con su decisión, la jueza Alba Beard Marcos ha administrado justicia, ha fortalecido el estado de derecho y ha devuelto al real propietario lo que le pertenece. Ahora, el gobierno, en tanto el proceso llega a su fin, porque los pretendientes probablemente apelarán la decisión, puede empezar a considerar opciones de inversión.
Con los proyectos que allí se establezcan se apuntalará a Pedernales y parcialmente a Barahona. Bahía de las Águilas será uno de los ejes de potenciación de esa subregión, pero la región Enriquillo requiere de otros impulsos como el desarrollo del valle de Neiba con las obras de infraestructura de riego, hoy paralizadas.
Bahía de las Águilas puede ser una victoria moral y política para el Estado y para la sociedad, lo que es bueno, pero es prudente advertir que los negocios que pudiera impulsar el Estado deben estar rodeados de transparencia.
En forma alguna, los fraudes de que han sido objeto esas tierras no deben repetirse. Bahía de las Águilas es un bien del Estado y de la sociedad.
Lo que movía al mandatario y a sus colaboradores era un visible empeño de encontrar un camino para lanzar lo que ellos definían como el despegue de la “región Sur” a través del turismo, sobre la base de que tenían ofertas de empresarios dispuestos a invertir.
El proyecto implicaba un reconocimiento del gobierno a los supuestos derechos que invocaban quienes tienen en sus manos esos papeles. Pactar era legitimar un fraude. Pero la opinión pública de manera activa rechazó esa vía. El gobierno, perceptivo, entendió y escogió la vía más difícil, pero legal y digna, la reclamación por la vía judicial de los derechos legítimos que le asisten, como único dueño de esas tierras.
Con su decisión, la jueza Alba Beard Marcos ha administrado justicia, ha fortalecido el estado de derecho y ha devuelto al real propietario lo que le pertenece. Ahora, el gobierno, en tanto el proceso llega a su fin, porque los pretendientes probablemente apelarán la decisión, puede empezar a considerar opciones de inversión.
Con los proyectos que allí se establezcan se apuntalará a Pedernales y parcialmente a Barahona. Bahía de las Águilas será uno de los ejes de potenciación de esa subregión, pero la región Enriquillo requiere de otros impulsos como el desarrollo del valle de Neiba con las obras de infraestructura de riego, hoy paralizadas.
Bahía de las Águilas puede ser una victoria moral y política para el Estado y para la sociedad, lo que es bueno, pero es prudente advertir que los negocios que pudiera impulsar el Estado deben estar rodeados de transparencia.
En forma alguna, los fraudes de que han sido objeto esas tierras no deben repetirse. Bahía de las Águilas es un bien del Estado y de la sociedad.
