SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior de Tierras fijó para el 7 de abril del 2015 el conocimiento del recurso de apelación en contra de la sentencia que declaró sin ningún valor y efecto jurídico de títulos expedidos a favor de particulares en miles de metros cuadrados de terrenos en Bahía de las Águilas.
La ventilación de la impugnación estará a cargo de las juezas Lusnelda Solís Taveras, presidenta; Virginia Concepción de Pelletier y Mercedes Peralta Cuevas.
Los sustentantes de títulos de propiedad buscan que sean declarados válidos, tras la revocación del fallo que revoca las cartas constancias anotadas, los deslindes y certificados de títulos expedidos.
Las magistradas apoderadas del recurso de apelación deberán decidir si confirman o revocan la sentencia emitida por la jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional, Alba Beard Marcos.
Consideró que en el caso hubo un concierto de voluntades con la intención de apropiarse de forma fraudulenta de millones de metros cuadrados de terrenos a orillas del mar, para obtener ventajas económicas.
En una sentencia de casi 300 páginas, declaró nulos los certificados de títulos de propiedad.
Rechazó acoger el desistimiento de la acción que procuraba anular los derechos registrados y la persecución penal, presentado en agosto del 2004 por los entonces procurador general de la República, Víctor Céspedes Martínez, y Abogado del Estado, Elpidio Ramírez.
El oficio 107-90, mediante el cual fue realizado un asentamiento en la parcela 215-A, realizado por el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, en diciembre de 1995, carece de validez y efecto jurídico, “por tanto debe ser cancelado”.
La ventilación de la impugnación estará a cargo de las juezas Lusnelda Solís Taveras, presidenta; Virginia Concepción de Pelletier y Mercedes Peralta Cuevas.
Los sustentantes de títulos de propiedad buscan que sean declarados válidos, tras la revocación del fallo que revoca las cartas constancias anotadas, los deslindes y certificados de títulos expedidos.
Las magistradas apoderadas del recurso de apelación deberán decidir si confirman o revocan la sentencia emitida por la jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional, Alba Beard Marcos.
Consideró que en el caso hubo un concierto de voluntades con la intención de apropiarse de forma fraudulenta de millones de metros cuadrados de terrenos a orillas del mar, para obtener ventajas económicas.
En una sentencia de casi 300 páginas, declaró nulos los certificados de títulos de propiedad.
Rechazó acoger el desistimiento de la acción que procuraba anular los derechos registrados y la persecución penal, presentado en agosto del 2004 por los entonces procurador general de la República, Víctor Céspedes Martínez, y Abogado del Estado, Elpidio Ramírez.
El oficio 107-90, mediante el cual fue realizado un asentamiento en la parcela 215-A, realizado por el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, en diciembre de 1995, carece de validez y efecto jurídico, “por tanto debe ser cancelado”.
