Barahona.- Adrián Buenaventura Féliz, desde chico está en un taller de mecánica, llevado por su padre, Cabo, un ser humano honesto a toda prueba, valores que ha transmitido a sus vastágos.
Aunque agradece a su padre haber aprendido el oficio de mecánico, Adrián no se quedó ahí, y una vez terminada la secundaria se inscribió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en Barahona. Casi termina la carrera de derecho.
Como complementa sus estudios universitarios con su trabajo de mecánico, la mañana de este sábado Adrián corría un carro que arreglaba en la carretera que comunica a este municipio con la zona costera, pero allí había un retén militar.
Todo vehículo que cruzaba por el lugar era minuciosamente requisado por los militares, sin distingo, entre ellos el vehículo de color rojo que probaba el mecánico y cuasi abogado.
Le hicieron parada y accedió colocándose a un lado de la vía que conduce a la zona costera, pero con un tono prepotente, un oficial a cargo del retén pidió bajarse del vehículo, accediendo al pedimento.
En el interior del carro había un bate que el teniente de apellido Ferreras procedió a incautar porque, según sus propias palabras era “un arma letal” que puede ser usado contra un ciudadano.
Con mucha prepotencia y arbitrariedad, propio de los miembros de los organismos castrenses, el teniente Ferreras, haciendo gala de tener más de una carrera universitaria, se negó a devolver el bate de jugar béisbol, que es de un hijo del dueño del carro, cliente del mecánico, cuasi abogado.
“Vaya a buscarlo y cumpla el procedimiento”, eso dijo el militar olvidando que quién violentaba el debido proceso y el derecho no solo del joven mecánico, sino de todo el que pasaba por el lugar y era requisado era precisamente él.
Estado de sitio y violatorio
El municipio Santa Cruz de Barahona, como los otros pueblos de la región ha sido tomados por la delincuencia, esta cual opera a sus anchas, sin el más mínimo control de las autoridades y se requieren acciones para impedir siga tomando terreno.
Sin embargo, las autoridades deberían actuar con cierta inteligencia, porque ver militares con frecuencia en calles y avenidas, así como a la salida de las distintas comunidades, da la sensación que estamos en un estado de sitio en el país.
Además, se trata de un operativo violatorio de los derechos de los ciudadanos, ya que los militares no respetan el debido proceso de las personas como manda la Constitución de la República. La libertad de tránsito es un derecho de los ciudadanos.
Un abogado consultado por www.lalupadelsur.com, reflexionó que, “un operativo militar todos los días da una imagen negativa y da entender que la policía no tiene control y que el Ministerio a Público es un maniquí, sin autoridad”.
Producto de estos operativos decenas de armas han sido incautadas sin ningún protocolo, mientras crece como la verdolaga la queja de las personas afectadas con la incautación de sus pistolas y revólveres, los cuales portan de manera legal, ya que no saben a dónde ir a exigir la devolución de las mismas.
La incursión de militares en tareas que le son propias al Ministerio Público y a su auxiliar la Policía Nacional, violenta la Constitución, así como el Código Procesal Penal Dominicano que establece el procedimiento a los fines de no afectar el debido proceso.
El artículo 177 del CPP, en cuanto a los Registros Colectivos dice: “En los casos que excepcional y preventivamente sea necesario realizar el registro colectivo de personas o vehículos, el funcionario de la policía debe informar previamente al Ministerio Público.
Establece, además, el mismo articulado, que si el registro responde a una investigación ya iniciada, este debe hacerse bajo la dirección del Ministerio Público.
Sin embargo, los militares que tenían insignias de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FADR), actúan solos y solo responden a sus superiores del Ministerio de Defensa no a la autoridad civil a quienes deben obediencia, conforme a la Carta Magna, una debilidad de la institucionalidad de la República Dominicana
