POR VICTOR TERERO
Por los volúmenes que va alcanzando y por sus características, el trabajo sexual es un serio motivo de preocupación para las autoridades y la sociedad civil.
El trabajo sexual es hijo de la necesidad y tiende a sacar a flote los desajustes de la sociedad, tanto en lo económico como en lo social.
Si se toman en cuenta que las viejas modalidades del trabajo sexual se han unido a nuevas y muy variadas formas, que tocan a casi todos los sectores de la sociedad, hay que concluir en que estamos ante una problemática de alta complejidad, que debe ser abordada con políticas claras, justas, precisas e incluyentes.
A la hora de hablar del trabajo sexual hay que reflexionar sobre los riesgos que esa actividad presenta para la salud, y especialmente en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, y con el VIH. Crear puentes de acceso a la educación, a la salud, al empleo, y abrir nuevas posibilidades para reducir las brechas existentes, es el gran reto de este tiempo. Abordar el trabajo sexual debe estar en la agenda de prioridades de todas las instancias que luchan cada día por mejorar la condición de los dominicanos. Fue la sociedad, con sus desequilibrios y sus desigualdades, la que echó a la orilla a grupos importantes de la población y los hizo vulnerables. Mientras crece y se diversifica, la vida moderna va dejando vacíos, que están llenos de sueños truncados, de marginación, de estigma, de discriminación, y allí donde el trabajo sexual, desafortunadamente, tiene un triste caldo de cultivo.
Es necesario recordar que, además de mujeres, el trabajo sexual ha ido en aumento en hombres gays y personas trans, una población que está aportando la mayor parte de las nuevas infecciones por VIH. Uno de nuestros más perentorios desafíos de cara a esas poblaciones es que el Estado adopte políticas públicas en su beneficio, que entre otras cosas incluya la instalación de casas de acogida para las personas en riesgo, que construyan puentes de dignidad, creen oportunidades de empleo y faciliten su acceso a la salud y educación, entre otras acciones. Esas políticas deben tener como centro la dignidad de las personas y el reconocimiento de sus derechos.
