Por Ramón Alberto López Ynoa
Nadie en su sano juicio está en desacuerdo en que Barahona necesita, urgentemente, de un mercado público, cual sea su categoría y modalidad. Por décadas ha sido una demanda puntual de la sociedad barahonera la construcción de una plaza que sustituya a la ignominia de lo que aún se le sigue llamando mercado público, y que constituye una afrenta a la salubridad pública y a la imagen de la ciudad.
El pasado 6 de febrero del corriente año, el Presidente de la República anunció la construcción de un nuevo mercado dando fin a una larga espera.
Sin embargo, desde el mismo instante en que se anunció la construcción de este nuevo mercado, las reacciones de rechazo no se hicieron esperar, no por la construcción en sí misma, cuya proclama todo barahonero recibió con beneplácito y algarabía, sino por el lugar en que sería construido: en una zona residencial, entre los ensanches Punta Palma y el Naco, y formando perímetro con dos centros educativos secundarios, con el principal centro de salud pública de la región, con oficinas gubernamentales, y con la principal calle de entrada y salida de la ciudad.
Y es que la construcción de un mercado público a la entrada de una ciudad y con las características perimetrales antes señaladas, sea cual sea su naturaleza, es improcedente, no importan las razones que se aleguen.
En una reunión entre las autoridades locales, las de la Alcaldía y la Gobernación, con representantes de los sectores opuestos a la construcción de la plaza comercial en este espacio, se llegaron a acuerdos para la construcción de un mercado modelo en esta área y la rehabilitación del mercado actual que lo haga viable desde los puntos de vista sanitario, arquitectónico y de acceso. O sea, habría dos mercados, el actual rehabilitado, y el nuevo, el que anunció el presidente.
Ante el planteamiento que se hizo de que la alcaldía de Barahona ha sido incapaz de administrar, siquiera, en condiciones mínimas de salubridad el mercado actual y que, en consecuencia, nada aseguraba que el nuevo se convirtiera en más de lo mismo, el alcalde, doctor Noel Octavio Suberví Nin, expresó la disposición de entregarle, mediante resolución, la administración del nuevo mercado a una comisión conformada para tales fines al amparo del Consejo Económico de Desarrollo Municipal para asegurar su operatividad dentro de los parámetros de calidad de los nuevos mercados.
O sea, el alcalde dice estar dispuesto a despojarse, así por así, sin tratar el asunto con los concejales, de una de las prerrogativas que le confiere la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y se la pasa a una comisión amparada en un órgano que sólo tiene carácter consultivo y propositivo sin ninguna capacidad preceptiva.
Realmente, no se entiende, si, además, no se sabe hasta dónde es posible esa solución al estilo Salomón, porque tampoco se conoce que el Presidente haya dispuesto la rehabilitación del actual mercado, así como no se tiene la certeza de que una vez construido el “mercado modelo” las cosas se hagan como hoy se dice que se harán.
Pero, algo es cierto. Las autoridades lograron sofocar el foco de resistencia inicial a la construcción de la plaza mercantil en medio de dos urbanizaciones dividiendo el movimiento, pero, quedó flotando en la psiquis social barahonera la insatisfacción de una lucha perdida.
“Nos venció el Estado”, se le oyó susurrar a uno de los principales líderes del movimiento en señal desaprobatoria, y como si con estas palabras tirara la toalla, se rendía para siempre ante lo que parece inevitable.
