El titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Francisco Contreras, explicó que el cierre de la mina se produjo porque no contaba con los permisos de operatividad.
Explicó que el cierre es provisionalmente y que el Ministerio Público investiga para proceder judicialmente contra los infractores.
El Ministerio Público se incautó de siete camiones en las proximidades de los ríos de Ocoa y Nizao que serían utilizados para el transporte de arena de manera ilegal, mientras que sus conductores fueron citados a comparecer ante la Procuraduría de Medio Ambiente en esta localidad para proceder con las medidas que correspondan.
En el operativo participaron los magistrados Rudy Pérez Medrano, Porfirio Estévez y Héctor Peralta, así como miembros de la seguridad de la Procuraduría General de la República.
La institución del sistema de justicia reiteró el llamado a la población para que denuncie de manera confidencial la extracción de agregados de la corteza terrestre y de material de los ríos, la tala de árboles, los incendios de vertederos, la contaminación sónica y cualquier otro delito que afecte el medio ambiente y la salud de la población, llamando al teléfono 809-533-3522 en las extensiones 451 y 452.
Destacó que continúan realizando los operativos a nivel nacional para garantizar la protección del medio ambiente y vigilar el cumplimiento de la Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales No. 64-00 y las demás normativas que sancionan los delitos ambientales.
