La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Peravia le impuso una garantía económica de RD$10 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país al imputado Richard Alexander Pequero Peña, quien se presume formaba parte de una red dedicada al tráfico de ilegales.
Su sometimiento a la justicia se ejecutó en el transcurso de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la jurisdicción de Peravia conjuntamente con la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la colaboración de la Armada de la República Dominicana y la Guardia Costera de los Estados Unidos.
El Ministerio Público establece en la solicitud de medidas de coerción que Peguero Peña conducía la embarcación desde que partió con destino hacia la vecina nación desde una playa de Baní, provincia Peravia, el pasado 17 de julio, hasta que fue interceptada por las autoridades el pasado 20 de julio, aproximadamente a 13 millas náuticas frente a la costa marítima de Juanillo en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia.
Cada persona, según señala la instancia, para fines del viaje le fue requerido y se comprometió a pagar en el país sumas desde RD$50 mil y US$1,000.00 por adelantado y al llegar a Puerto Rico pagarían sumas entre US$2,000.00 a US$4,000.00 a una persona hasta el momento desconocida que formaría parte de dicha red criminal.
Peguero Peña es procesado por el delito de tráfico ilícito de migrantes agravado, que está tipificado y es sancionado por las disposiciones de los artículos 1 (letra f), 2 y 7 (letras c y g), de la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio del Estado dominicano.
Múltiples evidencias testimoniales y documentales han sido obtenidas en el transcurso de la investigación mediante las cuales se ha podido establecer que el imputado se asoció con otras personas actualmente investigadas, conformando un grupo de delincuencia organizada que se dedica a la organización y materialización de viajes de manera ilegal, transportando personas por vía marítima a bordo de embarcaciones con las cuales buscan realizar el cruce de la frontera marítima existente entre la República Dominicana y Puerto Rico, por pasos migratorios no autorizados.
El Ministerio Público destaca en el comunicado de prensa a través del cual dio la información, que continúan trabajando en coordinación con las demás autoridades para combatir el tráfico de ilegales, logrando en los últimos tres meses la imposición de medidas de coerción por ese delito contra 28 personas, la mayoría de las medidas consistentes en prisión preventiva.
