Producto de la presión de los empresarios, industriales, hoteleros, farmacéuticos, transportistas, y hasta de los chiriperos, el gobierno decidió desescalar las medidas de prevención y protección impuestas en el marco del estado de emergencia, para limitar al mínimo el contagio y la propagación del Coronavirus, COVID-19.
Dio paso a la reapertura del comercio, se abrieron las fronteras, se descontinuó el toque de queda, se desbloquearon las ciudades y se le permitió a la gente hacer su vida normal, en lo que se llamó "la Covidianidad".
Esta decisión, tomada bajo presión de los referidos sectores y de unas elecciones congresuales y presidenciales que matizaban el ambiente en ese momento, no han dejado resultados halagüeños respecto al comportamiento de la pandemia, que mantiene de rodillas al mundo y, principalmente, a los países donde no ha habido buen manejo por parte de las autoridades, y mucha irresponsabilidad de sus ciudadanos.
Hoy, debido al aumento exponencial de los casos de contagio con la temible enfermedad, el gobierno ha solicitado al Congreso un nuevo estado de emergencia, en esta ocasión por 45 días, para retomar medidas restrictivas de derechos fundamentales de la ciudadanía, así como para poder realizar acciones, como compras, contracciones y otras, sin la necesidad de pedir permiso, o acogerse a las reglamentaciones establecidas para tales fines.
Es un hecho, que si el mandatario no se hubiese dejado torcer el pulso por los sectores económicos del país, los que pensaron más en sus bolsillos que en la salud de la gente, hoy no nos estuviésemos enfrentando a un peligroso rebrote del Covid-19, y a nuevas medidas para enfrentarlo, en el quinto y más prolongado estado de emergencia que ha solicitado el gobierno.
Ojalá y la experiencia nos sirva para algo.
