Girón Jiménez ofreció detalles sobre las funciones de los implicados dentro de la organización para el manejo de las nóminas de Cuerpo Especializado del Seguridad de Turismo y del Cuerpo de Seguridad Presidencial, además sobre la venta de especialísimo por valor 150 mil a 300 mil mensuales, ganándose los “cuartazos” con los que incrementaron sus bienes.
Dijo que no borró los mensajes de WhatsApp, donde el coronel Rafael Núñez de Aza le ordenaba eliminar todas las irregularidades cometidas por la organización. “La verdad se va a dar conocer, porque el Ministerio Público tiene todas las pruebas”, dijo.
El imputado mencionó a Elvis Alberto Muñoz Peralta, quien inició como auditor del CUSEP y después pasa como director financiero de esa institución.
Intervención de defensa
Los abogados de los implicados en el caso Coral que supuestamente dirigía el mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad del expresidente Danilo Medina, pidieron rechazar la prisión que solicita el Ministerio Publico y ordenar libertad pura y simple de los detenidos, tras alegar que son inocentes.
La libertad fue pedida para Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, el coronel Núñez de Aza y Girón.
La defensa de los acusados de lavado de activos producto de la corrupción hicieron el pedimento a la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, alegando que la adquisición de sus bienes fue fruto de sus esfuerzos de trabajo y de manera honrada.
Los abogados de Rossy Guzmán Sánchez y de su hijo pidieron rechazar la medida de coerción de prisión que solicita el Ministerio Publico, por considerar que no representan peligro de fuga, ya que tienen suficiente arraigo para no distraerse del proceso. Al hablar ante la jueza, Cáceres Silvestre dijo que la justicia debe basarse con la verdad.
El abogado de Alejandro José Montero Cruz, Israel Rosario Cruz, solicitó su libertad pura y simple o, de lo contrario, se le imponga una garantía económica de 300 mil pesos y presentación periódica.
El mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez consideró que el Ministerio Público no falta a la verdad cuando acusa a los detenidos de haber participado en irregularidades en perjuicio del Estado estimadas en más de RD$3 mil millones.
