Esta normativa busca crear el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNSC), que dependería del Ministerio de la Presidencia, la cual sería una entidad de derecho público y con personalidad jurídica propia en base a su autonomía funcional y presupuestaria.
El proyecto de ley establece que el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNSC) estará integrado por un órgano colegiado, el cual se denominará Consejo Nacional de Ciberseguridad, y por una dirección ejecutiva que estará compuesta por el Ministerio de la Presidencia, que lo presidirá. También el Ministerio de Defensa; el Ministerio de Interior y Policía; la Procuraduría General de la República; y la Policía Nacional.
La iniciativa legislativa presentada por la senadora Faride Raful establece que la dirección ejecutiva del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNSC) estará representada por su director, quien sería el secretario del máximo órgano administrativo y miembro de pleno del consejo, que tendrá voz, pero no voto.
Según el presidente de la Comisión, senador José Del Castillo Saviñón (Barahona), cuando la Ley sobre Gestión de la Ciberseguridad en la República Dominicana sea una realidad, se estará logrando institucionalizar el Consejo Nacional de Ciberseguridad.
La Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado programó dos nuevas reuniones. La próxima será el lunes, 21 de junio, para escuchar los pareceres del sector privado; mientras que el lunes 28 de junio el sector estatal presentará a dicha Comisión una opinión consensuada sobre la referida pieza legislativa.
Otros organismos que serán parte del Consejo Nacional de Ciberseguridad son el Departamento Nacional de Investigaciones; el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL); la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC); el Ministerio de Relaciones Exteriores; y la Administración Monetaria.
El Consejo de Nacional de Ciberseguridad tendrá como parte de sus atribuciones coordinar el funcionamiento del CNSC, aprobar los planes operativos, estratégicos y de acción de esa institución, así como definir políticas y propuestas para someterlas a la aprobación del Poder Ejecutivo.
Asimismo, las entidades de persecución penal con la ciberseguridad podrán pedir la colaboración del CNSC cuando se esté llevando en curso una investigación sobre un ciberdelito o cuando se considere que el mismo podría convertirse en una amenaza de ciberseguridad.
La pieza legislativa ordena, de igual manera, que el CNSC tendrá facultad plena para ejercer el régimen sancionador a toda aquella institución que no cumpla con la entrega de informaciones requeridas por el centro, con la notificación de incidentes de ciberseguridad, entre otros.
Las sanciones a quienes incurran en las faltas administrativas de la normativa sometida por la senadora Faride Raful tendrían multas equivalentes entre los 20 y 200 salarios mínimos del sector público y también podrían tener sanciones penales.
En la reunión participó, además del senador José Del Castillo Saviñón (Barahona), presidente de la Comisión, la senadora Lía Díaz Santana (Azua).
Asistieron, también, José David Montilla, viceministro de Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia; Fabiola Herrera, subgerente de Sistemas e Innovación Tecnológica del Banco Central; general de brigada Claudio Peguero, inspector general de la Policía Nacional; César Moliné, del INDOTEL, y otras personalidades.
