El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales suspendió el pasado lunes el manejo y transporte de agregados y productos mineros por el puerto de Barahona y las vías de comunicación de esa provincia, luego de evidenciar la presencia de un “polvillo” que causa molestia en la ciudadanía.
La decisión está contenida en la Resolución 0026-2021 firmada por el ministro Orlando Jorge Mera, en la que se dispone una investigación con miras a establecer potenciales sanciones a las violaciones cometidas en el plan de manejo, que deberían tener las operaciones establecidas por la compañía Belfond Enterprise, que explota y exporta Carbonato de Calcio en una loma de la provincia sureña.
Esta decisión evidencia, que parte de las quejas del movimiento promovido en la región sur por ambientalistas y funcionarios eclesiásticos, tenían asidero, dejando mal parado a las bocinas que como en tiempos anteriores aplaudían los desaciertos de los funcionarios locales y nacionales.
También evidencia que dichas operaciones mineras, se realizaron a destiempo y sin una planificación técnica apropiada, pues todo lo que debió de preverse no se realizo, poniendo con las malas operaciones iniciales, el proyecto en tela de juicio frente a la sociedad dominicana, al pueblo de Barahona y lugares aledaños.
Es oportuno decir que dicho error de emitir polvo en el área de la ciudad de Barahona ha sido reiterativo en las actividades mineras de ese pueblo, pues se realizaron operaciones similares en el año 1963 con el transporte del Yeso de la mina de Salina, que crearon grandes movilizaciones y donde se destacaron los munícipes Raúl Cuevas y Juan del milagro Acosta.
Al igual que en el año 1978, estando el licenciado Jacobo Majluta, como Director General de Corde, institución a la que pertenecía Sal y yeso, el polvo de yeso invadió la ciudad del sur, a lo que se le busco solución por medio de mojado del mineral cuando se depositaba en el puerto.
Los incumbente de las áreas mineras, tampoco conocen la historia minera de los pueblos y localidades, por ese motivo la historia se repite, donde no debe repetirse.
Las actividades mineras de la compañía que extrae la caliza, ha estado operando como chivo sin ley, sin que nadie se responsabilice de la autorización del movimiento de camiones sin tener dispositivo de protección que cubra el mineral extraído, como debe de señalizar el plan de manejo de las operaciones.
Esta situación crea grandes incertidumbres en los círculos patrióticos mineros y al mismo tiempo emite señales equivocadas en tiempo donde no se tiene una ley minera, la 146-71 que otorgue beneficios al Estado Dominicano único dueño de los minerales que la naturaleza aporto al suelo nacional.
Frente a las evidencias detectadas por instituciones oficiales, es necesario una evaluación técnica del proyecto que logre determinar las anomalías que han desacreditado las operaciones.
Dicha evaluación debe de realizarse por una comisión independiente que se forme con la participación de la comunidad, ayudando de esta manera a solucionar un conflicto que nunca debió producirse.
EL AUTOR es: ingeniero de minas y consultor minero ambiental. Reside en Santo Domingo.
