En ese sentido, aun cuando PRO-COMPETENCIA es consciente de los retos a los que se enfrentan la mayoría de las industrias y negocios tradicionales a nivel nacional a raíz de la pandemia generada por el COVID-19 y de los esfuerzos que las mismas realizan para garantizar que, en medio de este contexto socio-económico sus operaciones sean rentables, es de interés reiterar que los acuerdos y concertaciones sobre precios y otras condiciones de venta entre agentes económicos competidores están prohibidos por el artículo 5 de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08 y pueden acarrear multas de hasta 3,000 veces el salario mínimo.
Asimismo, es oportuna la ocasión para recordar a las asociaciones y gremios empresariales, que no deben servir como plataforma para el establecimiento de acuerdos o intercambios de información sensible que puedan condicionar la autonomía de sus miembros para determinar sus políticas comerciales. Para que un mercado experimente una dinámica competitiva y se beneficie de la eficiencia económica, cada empresa o agente económico debe tener total independencia en estas materias.
En virtud de lo anterior, PRO-COMPETENCIA advierte a dichas asociaciones y demás agentes económicos particulares para que se abstengan de promover acuerdos sobre los precios de sus productos, al tiempo que se reitera públicamente a la disposición de dichos gremios y sus miembros para discutir la adopción de medidas oportunas que beneficien la rentabilidad de sus operaciones sin contradecir los principios de competencia. En este contexto, la autoridad publicó la “Guía Básica de Libre Competencia para Asociaciones Empresariales y Gremiales”, con el objetivo de informar a las asociaciones empresariales sobre las decisiones y comportamientos a evitar para asegurar el cumplimiento de las reglas de competencia. La guía está disponible en www.procompetencia.gob.do.
De igual manera, enfatizamos que, sin desmedro del presente llamado público, la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA se mantendrá dando seguimiento y monitoreando los mercados enunciados, con el objeto de determinar la existencia de indicios razonables de prácticas restrictivas de la competencia que ameriten el inicio de los correspondientes procedimientos de investigación.
