La fiscal titular interina de Villa Altagracia, Dalma Díaz, y la fiscalizadora Nancy Ovalles demostraron ante la jueza de instrucción Sudelgi Rosario Mena que debe mantenerse la medida de coerción de prisión preventiva a la encartada para garantizar su presencia en los actos del proceso. En la audiencia además estuvo presente el fiscalizador a cargo de la investigación del caso, José Andrés Fernández Javier.
Las representantes del Ministerio Público atacaron los presupuestos presentados por la defensa de la imputada, por tratarse de los mismos que fueron aportados ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal en abril pasado, donde procuraba que se le variara la medida de coerción.
La magistrada Rosario Mena acogió el pedimento del Ministerio Público y estableció en su decisión que los presupuestos presentados no son suficientes para variar la medida de coerción, cuya revisión fijó para el próximo 11 de octubre.
La jueza, además, ordenó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) le realice una evaluación psicológica a la imputada.
