Esta decisión, que se toma “en aras de contribuir a la rápida solución de los daños acontecidos”, permitirá ser utilizados en las labores de ayuda humanitaria, rescate y reconstrucción de las obras que se hayan visto afectadas por las aguas torrenciales en ocho provincias: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monte Plata.
En consecuencia, los Ministerios de Educación, Salud Pública, Agricultura, Obras Públicas, Vivienda, Administrativo de la Presidencia y Turismo quedan autorizados para estos procesos de compra excepcionales, junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), el Programa de Medicamentos Esenciales (PromeseCal) y el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) y otras 12 entidades gubernamentales.
Además de gestionar estas compras por el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el decreto establece que las instituciones “deberán rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas dentro de los 15 días calendario después de satisfecha la necesidad provocada por la situación de emergencia”.
