La pieza, que fue sometida en la Cámara de Diputados el pasado 07 de septiembre por el diputado perremeísta Moisés Ayala Báez, junto a otros proponentes, implementa como política pública las construcciones de las viviendas con block y concreto.
La iniciativa legislativa aclara que sólo en casos excepcionales de calamidad pública debido a desastres naturales o por el hombre podrán hacerse reparaciones en viviendas construidas de madera u otros materiales similares y techados de zinc. Esto, siempre y cuando las circunstancias lo ameriten y se tome en consideración “su posterior construcción en block o concreto” de manera prioritaria, estén las viviendas o no en zonas de riesgo o vulnerabilidad.
Razones
Uno de los considerandos del pliego legislativo precisa que de acuerdo con la Constitución toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales, por lo que el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho.
Del mismo modo, detalla que el Gobierno debe promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada y al mismo tiempo adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión.
Otro motivo para presentar la normativa legislativa, es que el Estado como garante social tiene la obligación de proteger con mayor intensidad sectores vulnerables para garantizar la vida y los bienes de sus habitantes.
En ese sentido, tiene que tomar las decisiones que vayan en pos de la protección de esos derechos con la implementación de las políticas públicas que, a la larga, “no se constituirán en un gasto social, sino en una inversión”, al construir viviendas de bajo costo con materiales de block y cemento, y techos de igual naturaleza.
El Estado puede, según aclara el considerando, invertir a través de las construcciones prefabricadas con concreto, lo que se traducirá en una garantía a largo plazo “que salvará más vidas”, traerá más tranquilidad y paz social; “menos gastos al Gobierno central” cuando se produzcan fenómenos meteorológicos que afecten al país, “porque resistirán los embates de los vientos, torrenciales lluviosos y otros daños ocasionales”.
Es uno de los ministerios a ejecutar la iniciativa
La ejecución de la iniciativa estará a cargo de los ministerios Administrativo de la Presidencia; de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed); y del de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Para que las entidades puedan cumplir con la encomienda, los fondos provendrán de los recursos económicos asignados a ellas en la Ley de Presupuesto General del Estado. Si se aprobase la pieza, entraría en vigencia después de su promulgación.
