“Procede informar al Ministerio Público para que ejerza las atribuciones que le confiere el artículo 169 de la Constitución, en su calidad de órgano con el monopolio de la acción penal pública”, indica el informe de la auditoría en sus conclusiones jurídicas.
Específicamente el artículo 169 de la Constitución indica que “el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”.
La Cámara de Cuentas concluyó que las irregularidades evidenciadas por los hallazgos suponen un perjuicio directo a los intereses del Estado y configuran una transgresión del ordenamiento constitucional y legal imperante, por lo que los funcionarios comprometen su responsabilidad civil, administrativa, e incurren en indicios de responsabilidad penal.
Pide identificar responsables.
La institución también llama a identificar a los funcionarios responsables de las conductas lesivas reveladas en la auditoría.
“Es pertinente identificar a todos aquellos funcionarios y servidores públicos actuales y salientes, cuya actuación u omisión en el desempeño de sus funciones dieron lugar a las conductas antijurídicas y lesivas citadas y detalladas precedentemente”, indica.
Entiende también que “los funcionarios no actuaron con el deber de diligencia que le correspondía en el desempeño de su gestión de conformidad al marco jurídico aplicable”.
