En tanto, Disla de León fue designado como juez coordinador del Departamento Judicial de Barahona para que desempeñará las funciones de juez suplente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Pedernales, y en adición a esas funciones, supla en la Oficina de Servicios de Atención, el 21 de diciembre del 2020 fue designado.
Sin embargo, se pudo comprobar que la última vez que el magistrado estuvo de manera presencial para conocer una audiencia fue 19 de mayo del año 2021.
“El juez coordinador del Departamento Judicial de Barahona, Joselin Moreta Carrasco, se comunicó con el magistrado Robert E. Disla de León y le dijo que, aunque tuviera poco trabajo debía asistir a su tribunal para supervisar el personal y el trabajo, (prueba 11.14)”, indicó el documento.
Agregó que para para formalizar el requerimiento realizó una reunión con los magistrados Miguel Ángel Figuereo Rodríguez, juez presidente de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de Barahona y coordinador adjunto; Miguel Encarnación de la Rosa, juez interino del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pedernales y el disciplinado Disla de León, juez interino del Juzgado de la Instrucción en la que trataron el tema de la necesidad del cumplimiento de los deberes, específicamente, acudir a la sede y supervisar las labores de los servidores judiciales y el servicio que se ofrecen a los usuarios.
En seguimiento al caso, en julio de ese mismo año, Moreta Carrasco se comunicó nuevamente al tribunal y se enteró de que el juez persistía en ausentarse.
“A raíz de las persistencias de no asistir al tribunal designado por parte del magistrado Robert E. Disla de León, realizó una denuncia ante la Inspectoría General en fecha 20 de julio del año 2021”, explicó.
Otro
Desde agosto del año 2021 a marzo del año 2022, Dila de León, conoció 12 procesos de medidas de coerción, en los cuales dictó varios autos de fijación por lo que se determinó que el magistrado sólo conocía los martes y miércoles, y que los ciudadanos se encontraban privado de libertad de cuatro a siete días, más de lo razonable, entre el lapso de la solicitud de la medida por parte del Ministerio Público y el conocimiento de la medida.
