«Sed de Justicia asume como su deber poner en conocimiento al Ministerio Público los nombres de los implicados y las pruebas documentales recabadas, detallando los hechos, lugares y circunstancias, para que el órgano de investigación y acusación pueda, tras realizar las debidas diligencias, probar la comisión de los delitos, individualizar las responsabilidades penales y solicitar ante los tribunales competentes sanciones conforme al derecho y el debido proceso», declaró Franc Rosario, presidente de la entidad.
Según detalla la denuncia, Fernández, Macarrulla y 18 senadores cometieron acto de corrupción administrativa, estafa contra el Estado, prevaricación y asociación de malhechores al utilizar «maniobras fraudulentas para despojar al Estado Dominicano de 495,211 metros cuadrados de terrenos de gran valor»..
Alega que los mismos están en la avenida España a ambos lados del Puerto de San Souci, la base naval de la entonces Marina de Guerra y del litoral que conforma el Malecón de la citada avenida, todos de altísima vocación turística.
Dice que ellos estructuraron una operación de pago ficticia para estafar al Estado y beneficiar a la empresa Inversiones Turísticas San Souci, propiedad de Macarrulla y otros empresarios.
«Para estafar al Estado, Leonel Fernandez pactó con el nombrado Lisandro Macarulla el uso de testaferros que representarían al entonces presidente de la República en esa operación de que se beneficiaría directamente y a través de terceros implicados», detalla el documento.
Aduce que Algunos de los exlegisladores involucrados en el escándalo de corrupción administrativa son Andrés Bautista, quien presidía el Senado en ese entonces; Pedro Alegría Soto, Enriquillo Reyes Ramírez, Bernardo Alemán Rodríguez, Vicente Castillo, Germán Castro, Cesar Díaz Filpo, Tomás Emilio Durán, Ramiro Espino Fermín y Dagorberto Rodríguez Adames, entre otros.
SED DE JUSTICIA
Sed de Justicia, presidida por el empresario Franc Rosario, se identifica como una organización creada por un grupo de profesionales de la comunicación y el derecho que, en junto a empresarios, activistas sociales y comunitarios, tiene como objetivo principal velar por la transparencia de las instituciones del Estado y que se castigue la corrupción en todos los niveles, tanto en lo público como en lo privado.
