El barrido se ejecutó en virtud de lo establecido en la Ley 51-23, que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria.
En un aviso informativo, la DGII recordó que los beneficios de dicha ley, tales como el procedimiento de fiscalización abreviado y facilidades de pago, se encuentran disponibles hasta el 20 de diciembre del 2023.
Estos permiten a los contribuyentes regularizar su situación y así beneficiarse de la Prescripción de Oficio, cuya cuarta barrida tecnológica tendrá lugar el próximo viernes 29 de diciembre.
Mediante la Ley 51-23, la DGII declarará la prescripción de oficio de deudas tributarias correspondientes a ejercicios y periodos fiscales anteriores a 2015. Sin embargo, se requiere que el contribuyente esté al día en las obligaciones tributarias a partir de 2016.
La DGII informó que para beneficiarse de la cuarta y última barrida tecnológica establecida en la Ley 51-23, los contribuyentes deben asegurarse de cumplir con las condiciones establecidas para tales fines en fecha igual o anterior al 20 de diciembre del 2023.
En esa fecha es cuando concluyen las disposiciones dadas por la referida ley y en la cual la entidad estará realizando el levantamiento de todos los contribuyentes aplicables al proceso de prescripción.
¿Qué hacer si concluye el plazo?
Los contribuyentes que sean excluidos de la última barrida tecnológica de la Prescripción de Oficio, por presentar inconsistencias de las que no han sido notificados, podrán solicitar a las administraciones locales que dichas inconsistencias sean determinadas mediante un Procedimiento de Fiscalización Abreviada con fecha igual o anterior al lunes 15 de enero del 2024.
Para ser beneficiados con la declaración de prescripción de oficio dispuesta en la ley, los contribuyentes deben cumplir con los siguientes requisitos:
Estar al día en la presentación de todas las declaraciones y pago de los impuestos correspondientes a los ejercicios y períodos fiscales relativos al 2016, inclusive, en adelante.
No estar involucrados en un proceso penal tributario. No estar siendo objeto de una fiscalización en curso o una investigación tributaria.
