Esta iniciativa, presentada por el congresista Agustín Burgos, representante de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tiene como objetivo garantizar el orden público, según se indica en el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados.
El artículo principal del proyecto establece de manera categórica la prohibición de la venta, expendio, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos, sin excepciones. De esta manera, el consumo de alcohol en estas áreas sería considerado un delito, sujeto a sanciones penales.
De acuerdo con la propuesta, aquellos que infrinjan esta prohibición enfrentarían penas de hasta 30 días de prisión correccional o multas que podrían alcanzar hasta 30 salarios mínimos. Estas medidas buscan disuadir el consumo de alcohol en lugares públicos y promover un ambiente más seguro y ordenado para la ciudadanía.
En caso de que el proyecto sea aprobado, el Ministerio de Interior y Policía tendría un plazo de tres meses para elaborar un reglamento que regule la implementación de esta nueva normativa. Este reglamento establecería los lineamientos específicos para la aplicación de las sanciones y las medidas de control necesarias.
