La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados, presentada por el diputado Tobías Crespo, pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
La normativa establece que se debe indemnizar a los periodistas que renuncien de medios de comunicación con las mismas compensaciones de uno que haya sido despedido.
La remuneración sólo sería pagada si el periodista renuncia por alguna línea informativa que afecta su honor, reputación o intereses morales.
El artículo ocho del proyecto establece que los derechos económicos y laborales pueden ser exigidos por dichos profesionales, cuando el medio de comunicación presente «un cambio notable y sustancial» en su línea informativa o línea ideológica, siempre que los nuevos criterios “afecten” a los comunicadores.
La cláusula de conciencia dispuesta en la ley permitiría al periodista “liberarse de sus obligaciones con la empresa” y, por tanto, recibir las indemnizaciones laborales que recibiría un empleado despedido.
Esa normativa dispone facilidades a favor de los empleados si el medio de comunicación traslada al periodista a otro medio del mismo grupo que, por su línea informativa, suponga una ruptura con la orientación profesional del informador.
