Califica la acción de los dos funcionarios municipales en su contra como una grave violación a sus derechos laborales y humanos.
La exclusión que se habría realizado sin la aprobación del Consejo de Regidores, lo cual es requerido por la Ley 176-07, viola las leyes de Protección a la mujer Embarazada y de Función Pública, que impiden el despido de trabajadoras en estado de gestación.
"Esto la situación, dado que las normativas fueron ignoradas por las autoridades de la alcaldía", comentó Raysa Espinosa.
Espinosa aclaró que, aunque había mencionado en redes sociales que pensaba renunciar tras una discusión con el alcalde y el tesorero, nunca formalizó esa decisión ni presentó la comunicación al Consejo.
"Responsabilizo al alcalde y al tesorero de cualquier complicación en mi estado de salud en esta última etapa de mi embarazo", declaró con firmeza la afectada, revelando a la vez que el estrés y las tensiones generadas por el ambiente hostil en su contra, han empeorado su condición física, afectándola más allá de lo relacionado con su embarazo.
Se informó que regidores consultados dijeron que Espinosa nunca ha entregado una carta de renuncia ni que tampoco el Consejo ha decidido desvincularla.
Se acuerdo a este mismo informe los regidores coinciden en que contra Raysa Espinosa se ha cometido una arbitrariedad, por lo que han pedido al alcalde que le pague y la reponga en sus funciones, cosa que este supuestamente se ha negado a hacer.
La negativa a respetar los derechos de Espinosa no sólo viola la ley, sino que es un reflejo del abuso de poder que, en pleno siglo XXI, sigue siendo una triste realidad en muchas instituciones.
