SAN CRISTOBAL: El juez de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Mateo Céspedes Martínez, denunció que teme por su vida ante amenazas de sectores “oscuros” que tratan de hacerle daño, por lo que llamó a tomar carta en el asunto a la procuradora general de la República, Miriam Germán, a las direcciones Nacional de Inteligencia (DNI), de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía Nacional.
“Yo pongo en los hombros del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, del magistrado de San Juan de la Maguana, Manuel Antonio Rodríguez Susaña, del exconsejero Fernando Fernández, de Jacinto Moronta, inspector General de del Poder Judicial, Wander Nieves, inspector y del abogado Rafaelito Encarnación del que he recibido amenaza, por no prestarse a conceder una petición del exconsejero”, denunció.
Precisó que “sobre ellos descansa la seguridad y el bienestar de mi familia: de mis hijos, de mis hermanos”, alertó el magistrado.
Advirtió que las personas no solo se afectan quitándole la vida, sino que hay muchas formas de hacerle daño.
Atribuye la acción en su contra a un plan de despojarlo de la presidencia de la Corte de Apelación de San Cristóbal y para destituirlo del cargo, vinculándolo injustamente a un caso de narcotráfico.
Entrevistado en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, Céspedes Martínez dijo que los tres jueces investigados son los que ponían condenas de 30 años al narcotráfico.
Dijo que denunció al exconsejero del Poder Judicial en el 2020, en el 2021 y en el 2022, porque le solicitó que pusiera en libertad a cierta persona ligada al crimen organizado y que el pedimento se lo hizo en dos ocasiones y que luego envió emisarios.
Céspedes Martínez alegó que, durante su ausencia por vacaciones y licencia, se gestó una componenda en el caso. En la primera audiencia realizada el 9 de diciembre, un desconocido se presentó para informar que se estaban ofreciendo sobornos para la liberación de ciertos individuos. El visitante se fue sin ser identificado.
De acuerdo con el magistrado, la secretaria ocultó esta información crucial, y el cuórum, así como el juez que le sustituyó, no tuvieron acceso a ella.