Por Víctor Eddy Mateo Vásquez
El pasado 7 de octubre del presente año, el Poder Ejecutivo (PE) presentó al país la hasta entonces rumorada reforma fiscal. La Ley de Modernización Fiscal -según se denomina el aún anteproyecto legislativo- está sustentado en las siguientes razones:
1-Para atender las demandas de la población relacionadas a los servicios básicos, porque dichas demandas implican un aumento del gasto público y las mismas no deben seguir siendo financiadas con endeudamiento.
2-Para evitar que la deuda siga creciendo, ya que según se expone, tenemos uno de los gastos públicos más bajos de la región, limitando el espacio fiscal para satisfacer necesidades básicas de la población.
3-Porque para satisfacer mínimamente ciertas necesidades de la población los Gobiernos han tenido que endeudarse y la deuda ha crecido.
4-La carga de intereses con respecto a los ingresos es alta en comparación a los países que tienen una calificación crediticia similar a la nuestra. Para llegar al grado de inversión hay que reducir significativamente este indicador.
5-El 53% del incremento en el gasto total presupuestado para el 2025 se utiliza para el pago de compromisos de deuda y del restante, hay que cubrir el incremento a educación.
Asimismo, para justificar el enfoque integral de la reforma tributaria, el Gobierno plantea el involucramiento de todos los sectores -sector público, sectores productivos, hogares y resto del sector público y otras instituciones del sector privado- con la finalidad de asumir compromisos “para crear el país que queremos”.
Para ello, el Gobierno está aportando: 1-Ley de Responsabilidad Fiscal, 2-Reforma del Estado (Administración Central) a partir de la fusión de tres (3) ministerios, cuatro (4) instituciones para mayor eficiencia, así como, la eliminación de otras ocho (8) instituciones. Además, medidas de contención de gasto público. En pocas palabras, una reingeniería institucional-parcial de forma y fondo con el fin de relanzar la Administración Pública.
No obstante, la reforma plantea varios ejes: 1-Protección social, 2-Programa de inversión pública y gastos priorizados, 3-Reglas claras e iguales para todos y perseguir la evasión fiscal, 4-Modernizar el Sistema Tributario. Es importante señalar las características descritas en torno al Sistema Tributario dominicano: Proliferación de diversas leyes de incentivos, exenciones generalizadas de ITBIS a productos y servicios, tratamientos preferenciales a personas físicas y profesionales, percepción de que toda actividad requiere de una exención, baja recaudación proveniente de personas físicas, baja recaudación de los impuestos al patrimonio (inmuebles), así como, alta evasión y elusión fiscal.
Ahora bien, quizás una gran mayoría de los dominicanos está consciente de que no tenemos un sistema tributario eficiente. De hecho, muchos reconocemos que estamos arrastrando déficit y, por tanto, hay que endeudarse para gastar. Sin embargo, hay que ser cauto al momento de plantear una reforma integral tan ambiciosa. Particularmente, considero que la gradualidad debió caracterizar el recién presentado anteproyecto, tal cual se ha hecho en ocasiones anteriores. Con ello, el impacto no es de inmediato, sino que sus efectos son paulatinos y la gente no lo siente de porrazo.
Por consiguiente, es cierto que una reforma fiscal de esta naturaleza es una valiente decisión que conllevará un alto costo político para el Gobierno, ya que el duro impacto de la misma no arrojará los resultados inmediatos que promete el PE respecto a la cobertura de las necesidades básicas del pueblo dominicano. Se estima que para ello se necesitaría, por lo menos, tres años y cuando eso suceda ya el país estará inmerso en campaña electoral abiertamente, por lo que, la oposición le sacará provecho político.
En tal sentido, hay aspectos que se deben resaltar de forma positiva, como, por ejemplo: la propuesta de simplificación tributaria. Se trata de una medida que a primera vista beneficia a las personas físicas y a las MiPymes. Personalmente, pienso que se hace justicia con el sector económico más dinámico del país. Las grandes empresas continuarán de acuerdo al régimen actual.
Además, cabe aplaudir la medida de que las micros y pequeñas estarán exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la declaración jurada de sus primeros tres (3) ejercicios fiscales. Si de quien suscribe este artículo dependiera, en esta parte habría anunciado al menos la inyección de una suma considerable para la dinamización de este importante sector empresarial, tal como sucede en otras naciones, sobre todo, para las Startups ligadas al ámbito tecnológico. Por allí anda el mundo de hoy, solo hay que investigar cómo se hace.
En otro orden, se propone una reingeniería del ISR en distintos aspectos, pero lo más llamativo es en cuanto a la derogación de distintas leyes que prevén exenciones fiscales, tales como la Ley de Fomento del Cine, Mecenazgo Cultural, Competitividad e Innovación, Industria Textil, entre otras. Ni se diga del incremento de un 3.5% a un 5% del ISR por ventas al mercado local realizadas por las Zonas Francas, además de gravar con el ISR aquellas actividades ofrecidas por los operadores de Zonas Francas.
También, se limita el último renglón de la escala de los asalariados que devengan entre RD$867,123.01 a RD$2,400,000.00, cuya tasa será de un 25%, mientras que se crea una nueva que va desde los RD$2,400,000.01 en adelante con un 27%. Pese a que el Gobierno plantea el incremento de un 50% del salario mínimo del sector público, con lo que se logra elevar el poder adquisitivo de los empleados, lo cierto es que también provocará que el sector privado haga incrementos considerables, a los fines de poder amortiguar tales efectos, lo cual podría dar al traste con múltiples despidos.
Por su parte, respecto al Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), considerado por el PE como el impuesto más progresivo por excelencia, ha sido el que más ha inquietado a los dominicanos, ya que actualmente su exención es de RD$9,860,649.00, pero se propone que el monto exento sea de apenas RD$5,025,380.75, lo que sin duda sería un gran golpe para la clase media dominicana y, de manera específica, para el sector inmobiliario (bienes raíces), ya que mermaría de forma considerable la compra de dichas propiedades. Pienso que este monto debe ser repensado, porque luce demasiado desproporcional para la realidad actual.
Aunque en los próximos días publicaré otro artículo analizando otras figuras tributarias, entiendo que se debe cuidar la forma y el fondo de estas medidas. Reitero lo dicho en otros escritos y escenarios: primero debió ser el Pacto Fiscal para cumplir con el mandato de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), luego la reforma fiscal. Se sabe que la oposición tiene sus posturas y que el Gobierno no puede esperar por ella, pero hay otros sectores que merecen ser escuchados. Es lo que se espera.
Empero, el anteproyecto luce bien sustentado, pero no debe quedar en el olvido el esfuerzo de las actuales autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), respecto a la modificación del Título I del Código Tributario dominicano, en el que se plantea una reingeniería sustantiva de dicha normativa, por lo que sin duda alguna se contaría con un texto más acabado y adaptado a los nuevos tiempos. Ojalá que el director Luis Valdés y la subdirectora jurídica, Yorlin Vásquez, puedan convencer al presidente de la República en dicho aspecto.
En fin, hay que reconocer que urge tomar medidas, pero se necesita cautela para ciertas decisiones de esta naturaleza. Hay aspectos que generarán mucho ruido como, por ejemplo, el pretendido programa de fiscalizaciones masivas y auditorías de personas, con la finalidad de hacer cruces de consumos con niveles de ingresos a la DGII. Esperemos que se resguarde el secreto bancario contemplado en la Ley 183-02.
