La reforma fiscal es una necesidad desde hace años. Lo que sucede es que hacerla sin previamente pactar con los distintos sectores de la sociedad, no es lo conveniente. La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) contenida en la Ley 1-12, la establece. De hecho, el pacto fiscal debió haberse firmado a más tardar 2015, pero sucedió que, en noviembre del año 2012, a pocos meses del entonces presidente Danilo Medina asumir el poder, llevó a cabo una reforma en ese sentido y promover otra entre 2015–2016 le habría generado un costo político enorme.
Hay que recordar que el presidente Abinader intentó llevar a cabo una reforma fiscal a finales del año 2021, pero también fracasó en el intento. En aquel entonces, contrario a lo sucedido en la actualidad, no presentó una propuesta formal, pero si reconocía la necesidad de ejecutarla. Por ende, durante más de una década los gobiernos han tenido que hacer rejuego para mantener las finanzas del país, aunque es bueno saber que no se concibe que nuestra economía crezca en promedio un 5%, convirtiéndose en una de mayor estabilidad de la región, pero su riqueza no pueda ser traducida en la debida inversión y gasto público.
Ahora bien, cabe reconocer que la meta del Gobierno de recaudar 122 mil millones, según se pretendió con la propuesta de “Modernización Fiscal”, es muy ambiciosa, al menos procurarlo de porrazo. Si el presidente hubiera convocado al diálogo y durante meses se hubiera reunido con diversos sectores, posiblemente se habría consensuado, aunque no quizás bajo las mismas expectativas.
Sin embargo, el Gobierno tiene otras salidas que puede ir ejecutando y que, sin duda alguna, encontrará amplio apoyo de la población: combatir la evasión fiscal que tanto daño ha hecho al país desde hace décadas. No hay que ser ducho en la materia para reconocer que el sistema tributario actual debe ser reestructurado como bien propone el maestro del Derecho Tributario, don Edgar Barnichta Geara, lo que no necesariamente quiere decir más tributos, ni mayores tasas impositivas.
De lo que se trata es de procurar las vías idóneas de que haya menos fugas y que, tanto la elusión como la evasión sean combatidas de forma íntegra, sistemática y estructural. Además, para nadie es un secreto que históricamente se han malgastado recursos públicos con el fin de agenciarse apoyos políticos coyunturales, lo que no debe ser visto como algo normal, sino, preocupante, pues, el dinero del pueblo ha sido erogado en todo, menos en desarrollo y progreso a favor de los dominicanos.
En fin, mejorar los ingresos y los egresos de las finanzas públicas conlleva repensar los subsidios, especialmente, el eléctrico que tanto nos cuesta. Ser un país en vías de desarrollo se traduce en procura de institucionalidad, captación de inversión extranjera, generación de empleos y mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos. Se trata de crear las condiciones de sustentabilidad para el presente y el futuro de la nación, pero ello conlleva un gran sacrifico que lamentablemente no todos estamos dispuestos a pagar.
