JIMANI, Independencia.- El Ministerio Público solicitó a un tribunal de esta provincia imponer penas de 30 y 20 años de prisión a los miembros de la red desmantelada a través de la operación Iguana, tras concluir la presentación de la acusación por tráfico ilícito de migrantes, delitos contra la administración pública, porte ilegal de armas y secuestro.
El Ministerio Público solicitó 30 años de cárcel para Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, y 20 años para Roberto Méndez Pérez, coordinador del puesto fronterizo en Jimaní de la Dirección General de Migración (DGM), así como el inspector de esa dependencia, Johan Rosario Castillo, y Deivi Novas Reyes, quienes fueron procesados por los mismos delitos.
Además, solicitó que la acusada Dominga Guzmán sea condenada a dos años de prisión suspendida, por complicidad en el tráfico ilícito de migrantes.
Las procuradurías especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, Trata de Personas (PETT) y de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representadas por los procuradores fiscales litigantes Aleika Almonte, Jhensy Víctor y Miguel Crucey, formularon la solicitud ante los jueces Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freidy Hernández White, quienes se reservaron el fallo para el próximo jueves, 10 de octubre, a las 10:00 de la mañana.
La PETT, encabezada por la procuradora general de corte Yoanna Bejarán Álvarez, desarrolló la operación Iguana en el año 2022 con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, quedando desarticulada la red que utilizó la frontera domínico-haitiana como centro de operaciones.
Durante los allanamientos, el Ministerio Público arrestó a los acusados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.
El proceso
El Ministerio Público, con el apoyo del Departamento de Investigación de la DGM dio inicio a la investigación penal en diciembre del año 2021 contra los miembros de la red, logrando la obtención de pruebas que les vinculan al tráfico ilícito de migrantes, secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como de otros hechos de tráfico ilícito de migrantes.
Los acusados, además, recurrían a la amenaza y al chantaje para la obtención de soborno.
Igualmente, privaban de su libertad y mantenían en cautiverio a las personas objeto de tráfico ilícito hasta recibir el pago exigido para la liberación de las personas retenidas o secuestradas, llegando inclusive a recurrir a las amenazas para la recepción de los pagos.
Los procesados realizaban diferentes funciones dentro de la red criminal.
Respecto a Volquez Guzmán, el expediente señala que utilizaba la casa de su madre, Dominga Guzmán (con total conocimiento de esta) para la retención de los migrantes hasta lograr el pago exigido o las condiciones necesarias para su liberación.
El grupo es acusado de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre secuestro.
