Por Víctor Eddy Mateo Vásquez
Giovanni Sartori, en su texto “¿Qué es la democracia?”, la plantea literal o etimológica como “poder del pueblo”, por lo que, a su entender, esta debe ser lo que dice la palabra: “sistemas y regímenes políticos donde el pueblo es el que manda”. Los partidos políticos constituyen el medio para llegar al poder, aglutinando y organizando personas afines a su visión de Estado, participando en un certamen democrático organizado por un árbitro llamado Junta Central Electoral (JCE), nominado y elegido por el Senado de la República (democracia representativa).
Por consiguiente, es la propia Constitución dominicana en su artículo 216 donde se establece que los partidos políticos deben garantizar la participación de ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. La propia Ley 33-18 reconoce que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son asociaciones fundamentales e indispensables del sistema democrático.
Asimismo, cada cierto tiempo vuelve a la palestra el financiamiento público de las organizaciones políticas. El debate se genera por denuncia de grupos de la sociedad civil indignados por las exorbitantes sumas que reciben los partidos mayoritarios, y lo que consideran el mal uso que le dan a los recursos que reciben del Estado (art. 224, Ley 20-23). Cabe aclarar que, es la Ley 33-18 que contempla la forma de distribución (art.61), así como en qué lo deberán invertir (art. 62). Le corresponde a la JCE su fiscalización según la Ley 20-23, artículo 222.
Ahora bien, más que culpar a las organizaciones políticas, hay que cuestionar a sus actores. Es cierto que ese medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4%) en los años que no haya elecciones generales, es mucho dinero y debe ser mejor invertido en la formación los miembros de los partidos, así como en gastos que no generen sospecha, pero su eliminación sería fatal para la democracia y todo el sistema.
Por ejemplo, en Rusia no existe financiamiento público a los partidos. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, narran en su libro “Cómo mueren las democracias”, que, a pocos meses de Putin llegar al poder en el año 2000, convocó a 21 de los empresarios más ricos de Rusia en el Kremlin, donde les comunicó que serían libres de hacer dinero bajo su supervisión, siempre que se mantuvieran al margen de la política. La gran mayoría les hizo caso, pero unos pocos como Mijail Jodorkovski, quien era considerado intocable en aquel entonces, empezó a financiar a la oposición. Posteriormente, se supo que coqueteó con ser candidato a la Presidencia, pero Putin sintiéndose amenazado, cumplió su palabra, lo arrestó durante casi una década por evasión de impuestos, desfalco y fraude.
Entonces, despojados de recursos, los partidos de oposición se debilitaron y hasta se extinguieron. Este es uno de los principales peligros que enfrenta el no financiamiento público a las organizaciones políticas. Y ni decir de la proliferación aún mayor del narcotráfico y otros males. Mayor transparencia y fiscalización sí, pero nunca eliminación.
