Barahona: Las organizaciones sociales y juntas de vecinos denunciaron el estado de calamidad en el que están viviendo los moradores de los barrios ubicados en la parte sur del municipio.
“Llevamos 11 años reclamando, a través de diversas expresiones como cartas, documentos, reuniones con las instituciones competentes. También nos hemos manifestado mediante concentraciones, marchas, encendidos de velas, tribunas populares, entre otras formas de protesta. Sin embargo, la única respuesta que hemos recibido hasta ahora son las habituales promesas y mentiras por parte de las autoridades”, agregaron a través de una nota de prensa enviada a este medio.
Hicieron un llamado a las autoridades para que sepan que está preparados y dispuestos a salir a las calles de manera decidida, exigiendo que se respeten los derechos por los cuales están luchando.
Entre las demandas se encuentran: construcción de una policlínica en el barrio Don Bosco para brindar servicios de salud a los barrios Río Chil, Alfa en la Montaña, y sus alrededores, una estancia infantil y una escuela adecuada, la terminación del acueducto y el rechazo a la privatización del agua, arreglo de las calles y la construcción de una escuela para el barrio Casandra.
También demandan que se investigue son el destino de los fondos del presupuesto participativo municipal del año 2022.
“Cabe destacar que las juntas de vecinos participaron en la reunión de la sala capitular del ayuntamiento municipal en ese año, donde se destinaron recursos económicos para las obras que la organizaciones sociales y juntas de vecinos acordaron junto a la autoridades municipales”, agrega la nota.
Manifiesta que la junta de vecinos “La Manzana de Casandra”, baso su presupuesto en la construcción de una funeraria, la cual no saben dónde fueron a parar esos recursos, debido “a las mentiras y excusas del síndico”.
“La junta de vecinos “Por la Unidad del Barrio Casandra”, que destinó un millón 400 mil pesos para la construcción de aceras y contenes, así como para el mejoramiento del tendido eléctrico. Tampoco sabemos qué pasó con ese dinero, que pertenece a la comunidad”, dice el comunicado llegado a este medio.
Recuerdan que el presupuesto participativo, según lo establece la Ley 176-07, determina que el 40% del presupuesto de los ayuntamientos debe ser distribuido de manera participativa entre las comunidades organizadas, previa decisión en asambleas populares con una comisión de la Liga Municipal Dominicana. Este presupuesto es independiente del presupuesto municipal y su administración recae en las directivas de las juntas de vecinos. El síndico municipal no tiene ningún derecho de apropiarse de esos recursos.
Entre las organizaciones que firman la comunicación se encuentran la Junta de Vecinos del Barrio por la Unidad del Barrio Casandra, Junta de Vecinos “La Manzana de Casandra”, Organización de Mujer, Organización de Murcies Unidas en Pie de Lucha y el Colectivo de Lucha Comunitaria “Abriendo Camino”.