El cierre fue llevado a cabo por un equipo encabezado por el magistrado Domingo Antonio Morla y el director provincial Fernando Santana, quienes previamente se reunieron con los propietarios de los establecimientos para informarles sobre las irregularidades identificadas.
Según el corresponsal de la zona, Argelis Reyes, esta acción tiene como objetivo detener el daño ambiental y asegurar el cumplimiento de las normativas de saneamiento. Las autoridades comunicaron a los dueños de las cabañas que podrán reabrir sus negocios tan pronto como rectifiquen las violaciones señaladas.
